EXTINCION DE CONDOMINIO. UNICO BIEN UN PISO. MATRIMONIO EN SEPARACION DE BIENES



Supuesto de hecho:
Matrimonio en separación de bienes que se separa o divorcia.
Tiene por único patrimonio en común a repartir, un piso, comprado a medias en estado de casados, que se halla gravado con una hipoteca de elevado importe.
Han decidido que uno de ellos se quede el piso y en compensación por ese exceso de adjudicación, se haga cargo también de la deuda del que se queda sin el piso y quizás –aún no está decidido-, además, le dé algo de dinero a su “ex” en compensación.

Pongamos que el piso tiene un valor de 500.000 y que el saldo pendiente del préstamo sea de 450.000. Del valor del piso les corresponde 250.000 a cada uno; de la deuda también 225.000 a cada uno; Como uno se queda el piso + la deuda, realmente el valor neto con que se queda es de 50.000; Así las cosas y los valores dichos, tendría que compensar al otro cónyuge en metálico con 25.000 para “empatar”.

Tributación de la operación
1º.- En Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Vamos a ver si el que se queda con el piso tiene que pagar (en Valencia) el 8% de TPO o el 1,2% de AJD.
TPO
Según la consulta de la DGT de 23 de enero de 2009 (V0141-09), con base en el artículo 7.2B del TRLITPAJD, se trata de una operación no sujeta a TPO (al pago del 8% -en C.Valenciana-) por cuanto se trata de la adjudicación a uno de los comuneros de un bien –el piso- que es indivisible o que, cuanto menos, pierde mucho si se divide; a cambio de abonar al que no se lo queda el exceso en dinero. Siendo que además se trata del único bien existente en la comunidad de bienes (entendiendo por comunidad de bienes el propio piso que es propiedad de los 2 al 50% en proindiviso). Dice la consulta que “en ese supuesto estaríamos ante un exceso de adjudicación inevitable en los términos que resultan del artículo 1.062 del Código Civil”.
La asunción de la parte de deuda del préstamo del que se queda sin el piso, es equivalente al pago en metálico, al quedar liberado de una obligación de pago de una cantidad de metálico el comunero –el excónyuge- que sale del condominio –piso-.

AJD
En principio, por el 31.2 TRITPAJD, como la extinción del proindiviso se hace en escritura pública, recae sobre cosa valuable –el piso-, es inscribible en el Registro de la Propiedad, y no está sujeta al Impuesto de Sucesiones, ni a TPO (ya lo hemos dicho) ni a Operaciones Societarias, hay sujeción a AJD (1,2%) -en Valencia- por el valor del piso (en nuestro ejemplo, 500000).

PERO...¿PODRÍA RESULTAR EXENTA DE AJD?
El artículo 45.I.B)3º deL TRITPAJD determina que estarán exentas tanto de TPO como de AJD: “las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales”.
En la Consulta Vinculante,V0105-06 19/01/2006 y más reciente V0129-10 de 27/01/2010, la DGT dice que
“la exención regulada en el artículo 45.I.B).3 del TRLITPAJ, no puede aplicarse a comunidades de bienes de cónyuges en separación de bienes; que dicho precepto se refiere a la sociedad de gananciales (aportaciones de bienes de los cónyuges a la sociedad de gananciales y a adjudicaciones de bienes de la sociedad de gananciales a favor de los cónyuges). Que el hecho de que haya una comunidad de bienes formada por dos cónyuges en separación de bienes es ajena al régimen matrimonial y que por tanto, tanto su constitución como su disolución debe tratarse a efectos del ITPAJD como cualquier otra comunidad de bienes. Es decir, no considera el matrimonio en separación de bienes como SOCIEDAD CONYUGAL.
Vemos que según la DGT hay que tributar por AJD.
En este supuesto la bromita –en C.Valenciana- costaría 6.000 euros (1,2% de 500.000).

UNA PUERTA ABIERTA A LA ESPERANZA
Sentencia del TSJ de Cataluña: de 26-04-07, favorable a que el precepto 45.I.B.3 TRITPAJD también es de aplicación a la extinción del proindiviso de dos cónyuges casados en separación de bienes.
Para encontrarla, clic aquí; buscamos una a una poniendo en fecha desde y fecha hasta la indicada: 26/04/2007 y en TEXTO A BUSCAR, escribimos: separación.

2.- PLUSVALÍA MUNICIPAL
Consulta Vinculante V1584-08 28/07/2008

Si la adjudicación del inmueble se hace mediante de sentencia judicial, no hay que pagar el Impuesto municipal de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , como establece el artículo 104.3 del TRLRHL.
Asimismo, el 104.3 TRLRHL dice que no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Es un precepto prácticamente igual al del 45.I.B).3 del TRLITPAJ. Con lo que si hay que pagar AJD y la adjudicación no se hace por sentencia judicial, habría que liquidar la plusvalía municipal respecto de la mitad del piso –salvo que se pelee la postura del TSJ de Cataluña-.

3º.- IRPF

Para que el cónyuge que no se queda el piso no tenga una ganancia patrimonial tributable al 19%-21% en el IRPF, y puesto que hay exceso de adjudicación, es necesario que haya sentencia judicial.

LIQUIDACION DEL USUFRUCTO Y DE LA NUDA PROPIEDAD

Ejemplo:  Doña María, hereda de su difunto esposo, Don Pedro, el tercio de libre disposición, además de la cuota vidual usufructuaria. Teniendo ésta, a fecha de fallecimiento de Don Pedro, 64 años. El valor de los bienes de la herencia es de 250.000€. Pedrito –de 25 años-, hijo del difunto Don Pedro y de Doña María, recibe el resto de la herencia, es decir, el tercio de legítima en pleno dominio y la nuda propiedad del tercio de mejora.
BASE IMPONIBLE DE LA VIUDA
El valor del usufructo vitalicio se calcula restando a 89 la edad del usufructuario y el resultado es el % que se multiplica sobre el valor de los bienes respecto a los que tenga derecho de usufructo. La valoración del usufructo no puede ser superior en porcentaje al 70% ni inferior al 10%.
Doña María recibe en plena propiedad un tercio de la herencia (250.000/3) 83.333,33€ y el usufructo de otro tercio, que se valora como se dice a continuación:
En este caso, 89-64=25; así, el valor del usufructo de Doña María es del 25%, que aplicado a un tercio de los bienes de la herencia (83.333,33€), es de 20.833,33€. Por tanto, base imponible de la viuda, Doña María es de: 83.333,33€ + 20.833,33€ = 20.916,67€.
LIQUIDACIÓN DE LA NUDA PROPIEDAD
Más problemas plantea la liquidación del nudo propietario; aunque la valoración de la nuda propiedad se suma a la del resto de bienes para hallar la base imponible, una vez hallada ésta, el tipo que le aplicamos no es el correspondiente a esa base, sino al valor total de los bienes, como si no hubiese usufructo.
Pedrito –de 25 años-, hijo del difunto Don Pedro y de Doña María, recibe el resto de la herencia, es decir, el tercio de legítima en pleno dominio –enterito- y la nuda propiedad del tercio de mejora.
Valor del tercio de legítima: 83.333,33€.
Valor de la nuda propiedad del tercio de mejora: valor de la tercera parte de los bienes – valor del usufructo que se queda su madre: 83.333,33€-20.833,33€=62.500€.
Base Imponible: 83.333,33€+62.500€=145.833,333€
Ya tenemos la base imponible de Pedrito, teniendo en cuenta el valor de los bienes en plena propiedad (83.333,33€) y el valor de los bienes en nuda propiedad (62.500€.). Ahora, a esa base imponible hay que aplicarle las reducciones que procedan. Y vamos a hacerlo tomando la normativa estatal en este supuesto; como el nudo propietario (de 25 años) es hijo del causante, se le reduce la BI en 15.956,87€, resultando una base liquidable real de 129.876,46€. Ya tenemos, por tanto, la base liquidable. Una vez determinada ésta, normalmente nos iríamos a la tarifa y "Santas Pascuas". Pero no; ya que, como hemos dicho, a la base liquidable le aplicaremos el tipo que corresponda al valor de los bienes sin descontar el usufructo.
¿Cuál es el valor total de los bienes?
Valor del tercio de legítima 83333,3333€.
Valor del tercio de mejora (sin descontar el usufructo) 83333,3333€.
Valor total de los bienes =166.666,67€.
Reducción por parentesco= 15.956,87€.
Base liquidable teórica=150.709,80.
Nos vamos a la tarifa (en este supuesto, a la estatal): Hasta…119757,67 son 39877,16. Resto: 150.709,80-119757,67=30952,13€, al 18,70%=5.788,05 Tipo= (39877,16+5.788,05)/ 150.709,80=30,30%.
30,30% es el tipo medio de tributación, que resulta de la base liquidable teórica pero que ahora aplicaremos a la base liquidable real, esto es, a 129.876,46€. 129.876,46€ x 30,30% =39.352,69€.
Cuando fallezca Doña María, y se extinga el usufructo, Pedrito tributará por ese mayor valor que obtiene, pues su propiedad ya no estará limitada por el usufructo de su madre. Se producirá lo que se conoce por consolidación del dominio. La liquidación se hará así: Valor del usufructo (20.833,33€) x el mismo tipo medio efectivo de tributación que se aplicó en la adquisición de la nuda propiedad (30,30%) y sobre el mismo valor atribuido al usufructo en su constitución=6.312,49€.

LIBRE ELECCIÓN DE NOTARIO

Los notarios, dice el artículo 1 de su Reglamento de 1944 son, a la vez, profesionales del Derecho y funcionarios públicos. En esta rara dicotomía radica la esencia del Notariado.

Como funcionarios públicos los notarios tienen una misión delegada del poder ejecutivo, una misión de orden público: el ejercicio de la fe pública extrajudicial tanto en la esfera de los hechos como en la esfera del Derecho en la que la intervención notarial ampara la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento cuya redacción cuidan que sea conforme a las Leyes.

Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes acuden a los despachos notariales para aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para la consecución de los fines, obviamente lícitos, que quieren conseguir.

Desde una perspectiva única de funcionarios públicos no habría probablemente derecho de elección; la administración carece de él; todos los notarios son iguales de cara al Estado ya que éste les ha trasladado, les ha delegado una parte de su soberanía: la fé pública. Por eso la Administración no puede elegir notario; de ahí la creación del turno de reparto de ese tipo de documentos entre los notarios que tengan un punto de conexión con el negocio

Por ello, el derecho a la libre elección, descansa más en la cualidad de profesionales del Derecho y en la misión de asesorar a quienes reclaman el ministerio notarial.


INCARDINACION LEGAL:

El derecho a la libre elección tiene su base en la formulación del párrafo segundo del artículo 3 del Reglamento Notarial cuando señala: “Los particulares tienen el derecho de libre elección de notario, salvo en los actos o contratos en que intervenga el Estado, la Provincia, el Municipio o los establecimientos o entidades que de ellos dependan....” Este último inciso hace referencia a lo antes apuntado respecto de la Administración.


DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS NOTARIOS

La propia legislación notarial intenta preservar el principio enunciado de muy diversas maneras en evitación de situaciones de monopolios que impidan o dificulten el ejercicio de ese derecho por los particulares:

Exigiendo autorización de la Junta Directiva para que en un mismo local puedan actuar más de un notario estableciendo que solo se podrá conceder si se dan las condiciones necesarias para asegurar el respeto al principio de libre elección de notario (art. 42). Ese respeto ha sido considerado como el límite finalista para conceder la unión de despachos (DGRN 26.06.87).

Prohibiciones de mantener el mismo número de teléfono que el antecesor (DGRN 19.04.89).

Prohibición de ubicar despachos en el mismo edificio en el que antes había habido otro notario salvo el transcurso de 3 años.

Permitiendo la autorización de documentos judiciales entre los notarios de la sede del Tribunal que elijan unánimemente los interesados (en otro caso decide el Juzgado por turno). Art. 127 y 128 en materia de particiones aprobadas judicialmente.


DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PARTICULARES

La regulación notarial más directa se halla en el artículo 142 del Reglamento que consagra el principio general de libre elección y una distinción según estemos ante una contratación entre consumidores o entre consumidor y operador o empresario habitual.


ENTRE CONSUMIDORES:

La regla general es el respeto a lo pactado y, en su defecto se consagra el principio de que “quién paga manda”; así se señala que la elección de notario corresponderá “en defecto de pacto a quién deba satisfacer los derechos arancelarios notariales o la mayor parte de los mismos”


EN LA RELACION CON LOS GRANDES OPERADORES:

Esa regla general, en estos casos, se subordina a la elección de notario que realice el adquirente; la misma resulta obligatoria para el gran operador, siempre y cuando no se designe un notario que por su competencia territorial carezca de conexión razonable con alguno de los elementos personales o reales del negocio.

Este principio está recogido en una multiplicidad de legislación y sentencias tanto de medidas de protección para los consumidores de inmuebles, condiciones generales de contratación, cláusulas abusivas....


PROBLEMATICA:

El problema no está pues en la legislación que consagra los principios indicados sino evidentemente en su cumplimiento.

Vivimos en una sociedad mediatizada por la influencia de los grandes operadores financieros, básicamente las entidades financieras y las promotoras, cada una dentro de sus propios productos.


ENTIDADES FINANCIERAS:

La Orden de 1994 reconoce, por un lado la libertad de elección de notario con arreglo a la Legislación notarial y, por otro obliga a reseñar en la oferta vinculante los datos del notario donde se va a firmar la operación para que el cliente ejercite su derecho a examen en el plazo previo de 3 días, salvo renuncia expresa siempre que la firma se haga en la notaría.

El consumidor debe saber de la existencia de ese derecho que le permita asesorarse en el notario de su confianza; el problema es que o no lo sabe o sabiéndolo no lo usa permitiendo la designación por la entidad financiera.


POLIZAS E-NOTARIO:
·        El CGN ha creado una plataforma a través de la Agencia Notarial de Certificación que ha permitido a las entidad que así lo han considerado adherirse a un sistema de formalización de préstamos personales donde el derecho de libre elección es más fácil de ejercitar ya que concedido el crédito, la entidad lo pone en la red a disposición de todos los notarios de España. El cliente puede ir a cualquier notaría con su DNI, el notario recoge el crédito y se firma.

PROMOTORAS:

La Ley para la Defensa de los consumidores, el RD de 1989 sobre protección de los consumidores de compraventa de viviendas atribuye expresamente el derecho de libre elección de notario al consumidor.

El consumidor debe saber de la existencia de ese derecho que le permita asesorarEl derecho existe, el problema de su no uso también; las promotoras no van a facilitar el firmar cada escritura de venta de piso de un edificio en una notaría distinta; a veces el comprador no conoce notario y le da igual.

La cuestión es la misma que con las entidades financieras: el consumidor tiene que conocer su derecho y tiene que usarlo, no podemos hacerlo por él.


CUESTIONES Y LIMITES

Se ha planteado en ocasiones el hecho de que la oferta bancaria establece notario y el contrato del promotor también de forma abusiva ya que aparece como designado por el consumidor cuando después el mismo consumidor niega la designación. La cláusula puede ser considerada nula por abusiva y por tanto no puesta.

No obstante a veces es problemática la aplicación de la regla general antes enunciada al establecerse la excepción: que no se designe un notario que por su competencia territorial carezca de conexión razonable con alguno de los elementos personales o reales del negocio, conexión razonable que ha de entenderse en el sentido de su existencia entre el notario designado y los elementos personales o reales del contrato, por ejemplo notario con residencia en la plaza donde radica el inmueble que se pretende adquirir.

ACTUACIONES:

El notariado es consciente de que se debe a la sociedad y, dentro de ella a la parte más necesitada de su asesoramiento y esa complicidad con el cliente es la base de su quehacer diario. En este sentido, y con la intención de salvaguardar el principio de libre elección de notario, a nivel nacional se ha editado un folleto donde aparece de forma fácil un procedimiento de queja en su caso de creerse vulnerado en el citado derecho; el mismo se entrega al Colegio Notarial correspondiente que lo comunica al notario designado por el gran operador para que se abstenga de la autorización notificándose la designación realizada por el consumidor. 


http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/acude-a-tu-notario/elige-a-tu-notario 

LA COPIA EN LOS TESTAMENTOS

Fallecido el testador, tienen derecho a obtener copia, además de los herederos instituidos, los legatarios, albaceas, contadores y demás personas a quienes se reconozca algún derecho o facultad, así como aquellas personas que, de no existir el testamento o ser nulo el mismo serían herederas, o aquel en que no haya instituido herederos forzosos, serían los llamados en todo o en parte a la herencia del causante, y también los instituidos en testamento revocado.
En relación a lo expuesto debemos hacer las siguientes aclaraciones:
 

a) El derecho a solicitar copia por aquellas eventuales personas que serían instituidas herederas en caso de no existir testamento, es decir los herederos abintestato, tan sólo es operativo si los mismos lo fuesen según los modos, órdenes y grados establecidos en el C.C. y de serlo, si previamente se acredita que los instituidos en el testamento han fallecido previamente, o si estos no son herederos forzosos, en este sentido se manifiesta numerosísima la doctrina de la DGRN, como por ej. las de 2 de Febrero de 1988 y 20 de Junio de 1.990.

Deberemos por tanto solicitar a aquella persona que quiere una copia de un testamento, en el cual no consta como heredero, que acredite en primer lugar el fallecimiento de los designados en dicho testamento como herederos, y a continuación la relación de parentesco con el causante, pero siempre como hemos dicho con anterioridad, entendida esta según los modos y grados del Código Civil.

Ej: Si en un testamento el testador ha instituido instituido herederos a su cónyuge en cuanto a la legítima y a sus hijos, y nos acreditan que los mismos han fallecido, primero tendrían derecho a pedir copia del mismo los padres del fallecido, y si nos acreditasen la muerte de los mismos, sus hermanos, ...

b) La copia expedida para el legatario se emitirá con carácter parcial, omitiendo en la misma cuanto no interese a dicho legatario (art. 237 p.2 R.N.).

En el nuevo art. 226, encontramos 3 novedades, a saber:

a) Se suprime entre las personas con derecho a pedir copia a los representantes de los herederos, si bien entiendo que la omisión es sólo a nivel de redacción, toda vez que se presupone el derecho a solicitar copia de un testamento al representante por ejemplo de un menor o un incapaz a los que se les haya reconocido algún derecho en el testamento.

b) Se incluye entre los mismos, además de al Estado, a las Comunidades Autónomas, entendemos que como consecuencia de la descentralización y la cesión de derechos por parte del Estado a las mismas.

 c) Aclara que en el caso de testamentos revocados las copias de los mismos sólo podrán ser expedidas a los efectos limitados de acreditar su contenido, dejando constancia expresa de su falta de vigencia.

Según la nueva redacción del art. 241 párrafo 2 del R.N., en las copias de los testamentos expedidas una vez fallecido el testador, se hará mención de haberse acreditado al notario o constarle de ciencia propia el fallecimiento del testador y, en su caso, el parentesco de los peticionarios o su derecho a obtenerlas, caso de que no resulte justificado en el testamento.

Como modelo de pie de copia en un testamento podríamos utilizar el siguiente:

ES COPIA IDÉNTICA DE SU MATRIZ, a la que me remito y en la que dejo nota de esta expedición, y para el hijo y heredero Don ..., quien me ha acreditado el fallecimiento del testador, la expido en .. folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie ..., NÚMEROS ... y el del presente que signo, firmo y rubrico Benidorm a ... de ...de dos mil ...

Contemplar por último el art. 225 del R.N. que viene a recoger la resolución de fecha 26 de Junio de 1.963, contemplada con posterioridad en muchas otras y a virtud del cual podrá solicitarse por las Administraciones públicas, con ocasión de expedientes o informes sobre solvencia o en procedimientos de apremio sobre bienes de determinadas personas a las que el testamento reconozca derechos hereditarios, copias de los mismos, aunque dichas copias deberán ser parciales, limitadas a las cláusulas patrimoniales en las que aquellas personas, es decir los herederos, sean beneficiarias, y previa justificación fehaciente del fallecimiento del testador y de la existencia de los citados expedientes y procedimientos.

Según el mencionado artículo 225, a efectos de lo previsto en el artículo 223 del C.C. (inscripción en el Registro Civil y en la hoja relativa al nacimiento de una persona de la designación de tutor en testamento), la notificación se efectuará mediante testimonio en relación.

MEDIOS DE PAGO EN LAS ESCRITURAS

El  Real Decreto 1/2010, modifica el artículo 177 del Reglamento Notarial, relativo al precio o valor de los derechos y, más en concreto, a los medios de pago en escrituras relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, cuanto la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, que en adelante queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 177.     El precio o valor de los derechos se determinará en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de España, pudiendo también expresarse las cantidades en moneda o valores extranjeros, pero reduciéndolos simultáneamente a moneda española. De igual modo, los valores públicos o industriales se estimarán en efectivo metálico, con arreglo a los tipos oficiales o contractuales.

     En las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarán, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:

     1.ª Se expresarán por los comparecientes los importes satisfechos en metálico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.

     2.ª El Notario incorporará testimonio de los cheques y demás instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura. Los comparecientes deberán, asimismo, manifestar los datos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del otorgamiento, expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo. En caso de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. De todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura.

     3.ª En caso de pago por transferencia o domiciliación, los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.

     En el marco del artículo 17.3 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, el Consejo General del Notariado proporcionará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información, en particular, en el caso de pagos por transferencia o domiciliación, cuando no se hubieran comunicado al Notario las cuentas de cargo y abono.
     En el caso de que los comparecientes se negasen a identificar los medios de pago empleados, el Notario advertirá verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia en la escritura.

     A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestación, los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria.

     Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberá incorporar la declaración previa del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes cuando proceda presentar ésta en los términos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaración por el obligado a ello, el Notario hará constar dicha circunstancia en la escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del Notariado.»


(En todo caso, debe haber una correcta identificación del medio de pago, conforme a lo dispuesto por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal y el RD 1804/2008, de 3 de noviembre, de forma que si hay cheque se deberá indicar la cuenta de cargo y si hay cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el comprador manifestará el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. En caso de pago por transferencia, según la nueva redacción del art. 177 del RN por Decreto 1/2010, de 8 de enero: «se entenderá suficientemente identificada, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria».  Debe tenerse en cuenta, por lo tanto, la nueva redacción del art. 177 del RN por Decreto 1/2010, de 8 de enero. Atención: la resolución de la DGRN de 9 de julio de 2.009 exige que se identifique también el medio de pago del IVA, lo que deberá tenerse en cuenta si la operación está sujeta a IVA o puede sujetarse a este impuesto por cumplirse los requisitos legales).

DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO DEL ARRENDATARIO

En los casos de compraventa de inmuebles alquilados, los arrendatarios tienen un derecho de adquisición preferente sobre el inmueble  (derecho de tanteo y retracto) en las mismas condiciones de la venta, derecho regulado en el artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
   
 La citada Ley establece dos tipos de notificaciones a los arrendatarios para salvaguardar sus derechos en el caso de venta de un inmueble arrendado.

    1.- Una notificación, anterior a la venta, para el tanteo, y que ha de hacer el vendedor. En este caso el arrendatario podrá ejercitar un derecho de tanteo sobre la finca arrendada en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente en que se le notifique en forma fehaciente, preferentemente por conducto notarial, la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión. Los efectos de esta notificación caducarán a los ciento ochenta días naturales siguientes a la misma.

    2.- Y otra notificación, posterior a la venta, para el retracto, y que ha de hacer el comprador cuando no se hubiese hecho la notificación para el tanteo o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales. En este caso el arrendatario podrá ejercitar el derecho de retracto sobre la finca vendida en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente en que se le notifique en forma fehaciente, preferentemente por conducto notarial, las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.     El arrendatario no podrá hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprador el precio de la venta, los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. (Artículo 1.518 del Código Civil)

    Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas deberá justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos casos, las notificaciones prevenidas en los apartados anteriores, con los requisitos en ellos exigidos. Cuando la vivienda vendida no estuviese arrendada, para que sea inscribible la adquisición, deberá el vendedor declararlo así en la escritura, bajo la pena de falsedad en documento público.

    El derecho de tanteo o retracto del arrendatario tendrá preferencia sobre cualquier otro derecho similar, excepto el retracto reconocido al condueño de la vivienda o el convencional que figurase inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.

    Cuando la venta recaiga, además de sobre la vivienda arrendada, sobre los demás objetos alquilados como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador, no podrá el arrendatario ejercitar los derechos de adquisición preferente sólo sobre la vivienda.

    No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble.

    El pacto por el cual el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto será válido en contratos de duración pactada superior a cinco años.

Casos prácticos en una compraventa de inmueble alquilado.

1º) Que se realice la notificación previa al arrendatario para el tanteo con todos los requisitos exigidos.

En este caso no procede la notificación posterior a la venta para el retracto, pero será necesaria dejar constancia de dicha notificación en la escritura de compraventa para poderla inscribir en el Registro de la Propiedad.

Ejemplo:

CLÁUSULA *: NOTIFICACIÓN AL ARRENDATARIO: Manifiesta la parte vendedora que la presente compraventa ha sido notificada previamente al arrendatario don $, con todos los requisitos exigidos por la Ley, con una antelación superior a treinta días naturales al presente otorgamiento y sin que haya ejercitado su derecho de tanteo, por medio de acta autorizada por el Notario con residencia en $, el día $, bajo el número $ de protocolo, cuya copia autorizada me entrega para que una a la presente, tal como hago.

2º) Que no se realice la notificación previa para el tanteo y sí se realice la notificación posterior para el retracto.

En este caso el comprador requerirá al Notario para que notifique al arrendatario, en el domicilio que conste en el contrato de arrendamiento a efectos de notificaciones, el otorgamiento y contenido de la escritura de compraventa.

Ejemplo:

CLÁUSULA *: REQUERIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN AL ARRENDATARIO:

La parte compradora me requiere a mí, Notario autorizante, para que notifique al arrendatario DO$, en su domicilio sito en $, el otorgamiento y contenido de la presente compraventa.
Acepto el requerimiento.

DILIGENCIA.- (Referida a la escritura número $/2011 del Protocolo General Corriente de don $). En $ a $ de $ de dos mil once.
Siendo las $ horas y $ minutos, me persono en el domicilio señalado por la parte requirente, en la calle $, en esta ciudad de $ y, tras hacer saber mi condición de Notario y el objeto de mi presencia, entrego cédula con transcripción literal de la escritura que antecede al arrendatario do$, el cual se hizo cargo de la cédula sin hacer manifestación alguna.
De todo lo contenido en esta diligencia, extendida en el presente folio de papel timbrado del Estado exclusivo para documentos notariales, redactada en mi estudio con las notas tomadas por mí, yo, Notario, doy fe.-

3º) Que en el contrato de arrendamiento haya un pacto por el cual el arrendatario renuncie a los derechos de tanteo y retracto en la venta del inmueble arrendado.

En este caso el Notario lo hará constar expresamente así en el apartado “Arrendamientos” de la escritura de compraventa, no siendo necesarias las notificaciones de tanteo y retracto por no existir el derecho de adquisición preferente del arrendatario.

4º) Que el arrendatario no tenga derecho al tanteo y retracto cuando:

- El inmueble esté arrendado a los compradores.

Ejemplo:

ARRENDAMIENTOS: Manifiesta la parte vendedora que la finca descrita se encuentra arrendada únicamente al comprador.

- Cuando se vendan la totalidad de los pisos y locales de un inmueble y no esté arrendado a un único arrendatario.

Ejemplo:

ARRENDAMIENTOS: Manifiesta la parte vendedora que las fincas descritas están arrendadas, pero no procede el derecho de adquisición preferente del arrendatario por estar arrendada por pisos a distintos arrendatarios.

- La vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble.

ARRENDAMIENTOS: Manifiesta la parte vendedora que las fincas descritas están arrendadas, pero no procede el derecho de adquisición preferente del arrendatario porque se venden conjuntamente y son todas las que tiene en propiedad en el mismo inmueble.

- Un condueño venda una parte indivisa a otro, en cuyo caso tendrá preferencia el retracto del condueño.

Ejemplo:

ARRENDAMIENTOS: Manifiesta la parte vendedora que la finca descrita está arrendada, pero no procede el derecho de adquisición preferente del arrendatario por tratarse de una venta de una parte indivisa a otro condueño.

- Se venda la finca arrendada a un titular de un retracto convencional inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.

Ejemplo:

ARRENDAMIENTOS: Manifiesta la parte vendedora que la finca descrita está arrendada a don $, titular del retracto convencional que figura inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.

5º) Que el arrendatario renuncie al derecho de tanteo y retracto en la propia escritura de compraventa.

En este caso se hará comparecer al arrendatario en la escritura de compraventa a los efectos de que renuncie a los derechos de tanteo y retracto que tiene en la venta del inmueble, evitando así las notificaciones exigidas por Ley.

Ejemplo:

CLÁUSULA *: RENUNCIA DEL ARRENDATARIO AL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO.

*, continuando como arrendatario de la finca descrita, renuncia a los derechos de tanteo y retracto que le corresponden por razón de la presente compraventa.

LA APOSTILLA DE LA HAYA O LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS

La Apostilla de la Haya simplifica de manera considerable la autenticación de documentos públicos que deben ser utilizados en el extranjero y sirve para que un país firmante del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, reconozca la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio.

    La Apostilla certifica la autenticidad de la firma o sello de la persona o autoridad que firmó o selló el documento público y la capacidad que tenía para hacerlo, es decir, certifica el origen del documento público al cual se refiere (p.e. un certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, una sentencia, una constancia de un registro, un testimonio o legitimación notarial), evitando legalizaciones consulares o diplomáticas a la hora de presentar un documento público fuera del país de origen. En ningún caso la Apostilla certifica el contenido del documento público al cual se refiere.

    Se considerarán como documentos públicos en el sentido del citado Convenio:

    a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial.
    b) Los documentos administrativos
   c) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

    Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará a:

    a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares
    b) A los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.

    La Apostilla sólo tiene validez entre los países firmantes de este tratado, por lo que si el país donde se necesita utilizar el documento no pertenece a él, entonces será necesaria una legalización diplomática o consular.

    El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y que lleven la apostilla.


    Modelo de Apostilla

    La única formalidad que puede exigirse para certificar la autenticidad de una firma, la calidad en que el signatario del documento público haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que lleve el documento, será la "Apostilla" expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento.

Modelo:

Sello de forma de cuadrado de mínimo 9 x 9 cm. (Art.6. Convenio de La Haya)

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País ......................................................................

El presente documento público

2. ha sido firmado por ...................................................

3. quien actúa en calidad de ...........................................

4. y está revestido del sello/timbre de ...............................

Certificado

5. en ............................. 6. el día ...............................

7. por ......................................................................

8. bajo el número ........................................................

9. Sello/timbre: 10. Firma .......................

    ¿Dónde se apostillan los documentos públicos?

    1.- Los documentos emitidos por autoridades judiciales -autos, sentencias, providencias- deben ser apostillados por el Secretario del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.

    Secretarias de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia:

• Andalucía: Plaza Nueva. 18071. Granada. Teléfonos 958 00 26 12 - 958 00 27 34

• Ceuta: Edificio Ceuta-Center. Calle Padilla S/N. 2ª Planta. 51071 Ceuta. Teléfono 856 20 07 48

• Melilla: Edificio V Centenario. Torre Norte 13ª Planta. 52001 Melilla. 952 69 89 64

• Aragón: Calle Coso, 1. 50071. Zaragoza. Teléfono 976 20 83 92

• Asturias: Plaza Porlier, 3. 33071. Oviedo. Teléfono 985 98 84 06

• Baleares: Plaça des Mercat, 12. 07071. Palma de Mallorca. Teléfono 971 72 33 69

• Canarias: Plaza San Agustín, 6 Vegueta. 35071. Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 32 50 00

• Cantabria: Avenida Pedro San Martín, s/n. 39071. Santander. Teléfono 942 35 71 18.

• Castilla la Mancha: Calle San Agustín, 1. 02071. Albacete. Teléfono 967 59 65 09

• Castilla y León: Calle San Juan, 2. 09071. Burgos. Teléfono 947 25 96 62/63

• Cataluña: Paseo Lluís Companys, 14-16. 08071. Barcelona. Teléfono 900 90 12 34.

• Comunidad Valenciana: Calle Palacio de Justicia, s/n. 46071. Valencia. Teléfono 963 87 69 22

• Extremadura: Calle Peña s/n. 10071. Cáceres. Teléfono 927 62 02 05

• Galicia: Plaza Galicia, s/n. 15071. La Coruña. Teléfono 981 18 22 98

• La Rioja: Calle Víctor Pradera, 2. 26001. Logroño. Teléfono 941 29 64 00/01

• Madrid: General Castaños, 1. 28071. Madrid. Teléfono 91 493 49 34

• Murcia: Paseo Ronda de Garay, 5. 30003. Murcia. Teléfono 968 22 91 02/30

• Navarra: Calle San Roque, 4. 31071. Pamplona. Teléfono 848 42 40 58/60

• País Vasco: Calle Barroeta Aldamar, 10. 48001. Bilbao. Teléfono 944 01 66 53

    2.- Los documentos autorizados notarialmente y documentos privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por Notario, deben ser apostillados por el Decano del Colegio Notarial de cada Comunidad autónoma o miembro de su Junta Directiva.


3.- Apostillar documentos públicos:

a) Los documentos públicos de la Administración Central, deben ser apostillados por el Ministerio de Justicia, que está ubicado en la Plaza de Jacinto Benavente nº 3, 28071 - Madrid.

b) Y los documentos públicos de las restantes Administraciones, deben ser apostillados, a elección del interesado, por cualquiera de los mencionadas en los apartados 1 y 2 , es decir, o el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el Decano del Colegio de Notarios.

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